Cifras recientes sobre las principales variables macroeconómicas de México no parecen anticipar una mejora importante en el corto plazo, pese a las voces que afirman que ya pasó lo peor de la crisis y que en el segundo trimestre se presentará una paulatina recuperación.
Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la fuerte caída de la producción manufacturera en abril, la contracción de la industria automotriz en mayo y el creciente desempleo no parecen ser señales de que la economía mejorará tan rápido como algunas opiniones lo anticipan.
En este entorno de incertidumbre sobre cuánto más durará la crisis económica, expone, el tema de la inseguridad toma fuerza, toda vez que por lo general se relaciona la fuerte pérdida de empleos, por una menor actividad económica, con un aumento en la delincuencia.
Según el INEGI, la tasa de desocupación representa poco más de dos millones de personas, además del rezago que existe en la generación de puestos de trabajo para casi un millón de personas que se integran cada año al mercado laboral.
En su publicación semanal "Análisis económico ejecutivo", el organismo privado refiere que cifras del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) muestran cómo el número de delitos ha aumentado.
En materia de secuestros, una de las actividades más lucrativas para la delincuencia dado el elevado grado de impunidad, en 2007 se contabilizaron 436 casos registrados ante agencias del Ministerio Público del país, y en 2008 el número de casos se elevó a 825.
El CEESP señala que en materia de robo los casos registrados pasaron de 610 mil 710 a 646 mil 549, en el mismo lapso.
Señala que alrededor de la inseguridad existe una serie de costos que deben enfrentar tanto hogares como empresas, como los preventivos, que se relacionan con la adquisición de mecanismos de seguridad como alarmas, vigilancia y otros accesorios.
Asimismo, están los costos propios de la delincuencia, que son los montos que se pierden en un acto delictivo.
La delincuencia, al imponer pérdidas económicas y materiales a las víctimas, actúa como un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y genera un deterioro en el Estado de derecho, contribuyendo a inhibir la inversión, a una pérdida de competitividad y a una menor generación de empleos, lamenta el organismo.
Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la fuerte caída de la producción manufacturera en abril, la contracción de la industria automotriz en mayo y el creciente desempleo no parecen ser señales de que la economía mejorará tan rápido como algunas opiniones lo anticipan.
En este entorno de incertidumbre sobre cuánto más durará la crisis económica, expone, el tema de la inseguridad toma fuerza, toda vez que por lo general se relaciona la fuerte pérdida de empleos, por una menor actividad económica, con un aumento en la delincuencia.
Según el INEGI, la tasa de desocupación representa poco más de dos millones de personas, además del rezago que existe en la generación de puestos de trabajo para casi un millón de personas que se integran cada año al mercado laboral.
En su publicación semanal "Análisis económico ejecutivo", el organismo privado refiere que cifras del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) muestran cómo el número de delitos ha aumentado.
En materia de secuestros, una de las actividades más lucrativas para la delincuencia dado el elevado grado de impunidad, en 2007 se contabilizaron 436 casos registrados ante agencias del Ministerio Público del país, y en 2008 el número de casos se elevó a 825.
El CEESP señala que en materia de robo los casos registrados pasaron de 610 mil 710 a 646 mil 549, en el mismo lapso.
Señala que alrededor de la inseguridad existe una serie de costos que deben enfrentar tanto hogares como empresas, como los preventivos, que se relacionan con la adquisición de mecanismos de seguridad como alarmas, vigilancia y otros accesorios.
Asimismo, están los costos propios de la delincuencia, que son los montos que se pierden en un acto delictivo.
La delincuencia, al imponer pérdidas económicas y materiales a las víctimas, actúa como un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y genera un deterioro en el Estado de derecho, contribuyendo a inhibir la inversión, a una pérdida de competitividad y a una menor generación de empleos, lamenta el organismo.
Fuente: La Jornada
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