BAROMETRO FINANCIERO

Efectos económicos de la baja en la calificación soberana.

Rododlfo Navarrete
Ante la inminente baja en la calificación de la deuda soberana mexicana, provocada por el potencial deterioro de las finanzas públicas, se hace necesario emprender un ejercicio sobre los posibles efectos que este hecho tendrá sobre la economía mexicana.

Esta calificación se refiere a la capacidad y voluntad de los gobiernos de pagar íntegramente, y en los plazos convenidos, las obligaciones provenientes de esa deuda.

En tal sentido, una posible baja en la calificación mexicana debe ser entendida como el aumento del riesgo de insolvencia del gobierno de México.

La importancia de estas calificaciones radica en que afectan las condiciones de acceso a los mercados de capitales internacionales, tanto de gobiernos (los emisores más importantes de deuda en estos mercados) como de deudores privados.

Ante tales dificultades es normal pensar que las empresas y el gobierno se verán obligados a pagar rendimientos más elevados para tener acceso al capital externo, con lo que las condiciones internas de crédito tenderán a igualarse a las externas.

En tal sentido, podría considerarse que el efecto más importante de la baja en la calificación de la deuda soberana mexicana se dará sobre las tasas de interés, que necesariamente tendrán que incorporar un mayor componente de riesgo.

El incremento de las tasas de interés, a su vez, inhibirá el gasto interno, en particular el consumo y la inversión privados, por lo que es de esperarse un relativo alentamiento de la actividad económica general, con los consiguientes efectos sobre una menor contratación de mano de obra.

Igualmente, la mayor percepción de riesgo en México dificultará el ingreso de capitales del exterior, tanto en forma de inversión directa como en forma de inversión en cartera, lo que no sólo limitará la posibilidad de crecimiento económico futuro, sino también la disponibilidad de recursos económicos para dinamizar el mercado de crédito.

Por otro lado, la baja en la calificación de la deuda soberana mexicana, al provocar como principal efecto el incremento en las tasas de interés, afectará a los deudores, quienes tendrán que destinar una mayor cantidad de sus ingresos a pagar los servicios de la deuda.

En esta categoría, sin lugar a dudas, el principal perjudicado será el gobierno, que tendrá que pagar mayores rendimientos por la deuda a tasa variable que posea y por las nuevas emisiones de papel deuda.

Al ser parte del gasto público, el incremento en el servicio de la deuda pública implicará un aumento automático de éste, mismo que en ausencia de algún incremento en los ingresos, provocará aumentos en el monto del déficit fiscal.

De suceder esto, sería preocupante para el país, porque se supone que el origen de este problema es justamente el potencial incremento del déficit público que ha provocado no sólo la baja en el volumen y en el precio del crudo de exportación, sino la actual caída económica.

Al elevarse la percepción de riesgo en México, también es probable que se observe una salida de capitales del país, por lo que no puede descartarse la posibilidad de ver algún grado de depreciación del tipo de cambio, que dependiendo de su magnitud tendrá efectos negativos sobre la inflación, aunque positivos sobre la balanza comercial, al favorecer las exportaciones y desalentar las importaciones.

La inflación, por su parte, jugará como un elemento adicional de presión al alza de las tasas de interés.

Respecto a los efectos sobre los mercados financieros, en particular en el mercado de valores, el aumento del riesgo país, al afectar las tasas de interés con que se descuenta el flujo futuro de ingresos de las empresas, provocará una reducción en el valor de éstas, limitando así la posibilidad de crecimiento en los precios de sus acciones.

Finalmente, la baja en la calificación soberana mexicana ejercerá presión en dos direcciones. Por un lado, sobre el resto de las calificadoras de riesgos para que hagan lo mismo, en vista del retraso de su reacción y, por otro, sobre las diferentes autoridades económicas y políticas del país para que emprendan pronto políticas de reforma estructural, que permita no sólo recuperar, sino mejorar la calificación soberana.

En las circunstancias actuales de México, esto implica fundamentalmente aprobar una profunda y definitiva reforma fiscal, para empezar.

Economista del sector privado
Fuente: El Financiero