Obama pone coto a los abusos en la emisión de tarjetas de crédito
Es la última cruzada de Barack Obama contra las tácticas abusivas en el sector financiero: prohibir las comisiones ocultas y las alzas retroactivas de tipos de interés, una de las principales fuentes de ingresos para los emisores de tarjetas de crédito. Las nuevas reglas atacan la capacidad de titanes como Citigroup, JP Morgan Chase y Bank of America para modificar los términos de los acuerdos con sus clientes, lo que hará este lucrativo negocio mucho más difícil.
El infarto de Lehman Brothers hizo visibles los puntos débiles del sistema bancario y permitió también que afloraran los abusos que están poniendo de rodillas al conjunto de la industria. Durante años, los emisores de tarjetas expandieron sus líneas de crédito a clientes que, teniendo en cuenta sus ingresos, tenían posibilidades remotas de devolver la deuda.
Pagaban a la vez que iban refinanciando sus hipotecas. Una rutina fácil y muy rentable mientras subía el precio de la vivienda. Hasta que la burbuja inmobiliaria estalló y la recesión disparó el paro. Ahora, los grandes emisores de tarjetas son víctimas de sus tácticas. Y desde Washington se les acusa de no actuar de manera responsable a la hora de asegurar unas prácticas sanas al prestar dinero.
Los consumidores también son cómplices. Su adicción al crédito les hace dependientes del dinero plástico para poder vivir por encima de sus posibilidades. En ciudades como Miami, el 22,6% del ingreso anual de las familias se destina al pago de deuda vinculada a las tarjetas, según la revista Forbes. En Tampa y Los Ángeles está en el 17%. Y la tasa de impago empieza a estar descontrolada.
La deuda de los hogares de EE UU ha crecido un 25% durante la última década, según la Casa Blanca, hasta los 963.000 millones de dólares en enero de 2009, a 9.820 dólares de media por familia. El 78% de las familias tiene, al menos, una tarjeta de crédito. El 44% paga regularmente cada mes. El resto acumula deuda. La mora en el pago subió un 38,3% en marzo, hasta el 4,7%. Una quinta parte de los deudores pagan intereses superiores al 20%.
Se teme que el estallido de esta nueva burbuja ahonde más las pérdidas del sector bancario.
American Express, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo lo indicaron semanas atrás en sus resultados. En abril, el índice de impagos de las cuatro entidades entró en la zona de los dos dígitos. Y como indican desde Credit Suisse, las cosas irán a peor. JP Morgan Chase tampoco se escapa.
"La mora mimetiza la tasa de paro. El desempleo es algo que las entidades no pueden controlar, pero sí las líneas de crédito", explica un experto. Según la empresa Equifax, especialista en datos e información de consumo, en marzo pasado se cancelaron 20 millones de tarjetas, que elevan a 58 millones las cuentas cerradas desde el pico de 380 millones de tarjetas en curso alcanzado en julio de 2008.
El dinero no es gratis, y el problema es que los bancos no tienen una manera clara de saber quién pagará y quién no, debido a que las tarjetas se concedieron sin verificar el perfil financiero del cliente. Para protegerse están subiendo intereses, restringiendo condiciones y elevando comisiones. A través de las penalizaciones, los bancos emisores recaudan unos 20.000 millones de dólares.
Este tipo de tácticas irrita al Congreso de EE UU, que a iniciativa del presidente Obama optó hace una semana por endurecer las reglas para poner fin a las estrategias abusivas de los bancos a la hora de reducir riesgos y hacer fortuna de los desafortunados. La nueva legislación entrará en vigor en febrero de 2010 y limitará la capacidad de las entidades para subir intereses y comisiones repentinamente.
Es un cambio fundamental en el modelo seguido para poner precio al crédito, según la American Bankers Association. La nueva ley pretende dar más claridad a la letra pequeña de los acuerdos entre el banco y los clientes para el uso de las tarjetas. Así, se prohíbe el doble ciclo de facturación. Y para que se pueda subir el interés, el cliente debe acumular antes un retraso superior a 60 días.
Incluso en ese caso se deberá aplicar el tipo anterior si durante seis meses se paga a tiempo la cantidad mínima. Se requiere además que se notifique y explique con 45 días de antelación el aumento. Y se prohíbe que se concedan tarjetas a menores de 21 años, a no ser que puedan probar que disponen de recursos o que sus padres o un avalista se harán responsables de la deuda.
David Robertson, autor del boletín informativo The Nilson Report, especializado en sistemas de pago, anticipa que el cambio reglamentario y la realidad económica no sólo se traducirán en menos crecimiento y beneficios para la industria, sino que cambiará su perfil como negocio y la relación con los clientes, especialmente los que acumulan deuda cada mes.
"Los grandes no lo serán tanto como ahora. Los de tamaño medio se harán un poco más grandes. Y los más pequeños estarán más sanos que nunca" porque se limitará el crédito a los clientes de riesgo. El temor es que los usuarios de tarjetas con buen historial de crédito acaben pagando intereses y comisiones más altas para compensar la pérdida de ingresos de la industria.
El infarto de Lehman Brothers hizo visibles los puntos débiles del sistema bancario y permitió también que afloraran los abusos que están poniendo de rodillas al conjunto de la industria. Durante años, los emisores de tarjetas expandieron sus líneas de crédito a clientes que, teniendo en cuenta sus ingresos, tenían posibilidades remotas de devolver la deuda.
Pagaban a la vez que iban refinanciando sus hipotecas. Una rutina fácil y muy rentable mientras subía el precio de la vivienda. Hasta que la burbuja inmobiliaria estalló y la recesión disparó el paro. Ahora, los grandes emisores de tarjetas son víctimas de sus tácticas. Y desde Washington se les acusa de no actuar de manera responsable a la hora de asegurar unas prácticas sanas al prestar dinero.
Los consumidores también son cómplices. Su adicción al crédito les hace dependientes del dinero plástico para poder vivir por encima de sus posibilidades. En ciudades como Miami, el 22,6% del ingreso anual de las familias se destina al pago de deuda vinculada a las tarjetas, según la revista Forbes. En Tampa y Los Ángeles está en el 17%. Y la tasa de impago empieza a estar descontrolada.
La deuda de los hogares de EE UU ha crecido un 25% durante la última década, según la Casa Blanca, hasta los 963.000 millones de dólares en enero de 2009, a 9.820 dólares de media por familia. El 78% de las familias tiene, al menos, una tarjeta de crédito. El 44% paga regularmente cada mes. El resto acumula deuda. La mora en el pago subió un 38,3% en marzo, hasta el 4,7%. Una quinta parte de los deudores pagan intereses superiores al 20%.
Se teme que el estallido de esta nueva burbuja ahonde más las pérdidas del sector bancario.
American Express, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo lo indicaron semanas atrás en sus resultados. En abril, el índice de impagos de las cuatro entidades entró en la zona de los dos dígitos. Y como indican desde Credit Suisse, las cosas irán a peor. JP Morgan Chase tampoco se escapa.
"La mora mimetiza la tasa de paro. El desempleo es algo que las entidades no pueden controlar, pero sí las líneas de crédito", explica un experto. Según la empresa Equifax, especialista en datos e información de consumo, en marzo pasado se cancelaron 20 millones de tarjetas, que elevan a 58 millones las cuentas cerradas desde el pico de 380 millones de tarjetas en curso alcanzado en julio de 2008.
El dinero no es gratis, y el problema es que los bancos no tienen una manera clara de saber quién pagará y quién no, debido a que las tarjetas se concedieron sin verificar el perfil financiero del cliente. Para protegerse están subiendo intereses, restringiendo condiciones y elevando comisiones. A través de las penalizaciones, los bancos emisores recaudan unos 20.000 millones de dólares.
Este tipo de tácticas irrita al Congreso de EE UU, que a iniciativa del presidente Obama optó hace una semana por endurecer las reglas para poner fin a las estrategias abusivas de los bancos a la hora de reducir riesgos y hacer fortuna de los desafortunados. La nueva legislación entrará en vigor en febrero de 2010 y limitará la capacidad de las entidades para subir intereses y comisiones repentinamente.
Es un cambio fundamental en el modelo seguido para poner precio al crédito, según la American Bankers Association. La nueva ley pretende dar más claridad a la letra pequeña de los acuerdos entre el banco y los clientes para el uso de las tarjetas. Así, se prohíbe el doble ciclo de facturación. Y para que se pueda subir el interés, el cliente debe acumular antes un retraso superior a 60 días.
Incluso en ese caso se deberá aplicar el tipo anterior si durante seis meses se paga a tiempo la cantidad mínima. Se requiere además que se notifique y explique con 45 días de antelación el aumento. Y se prohíbe que se concedan tarjetas a menores de 21 años, a no ser que puedan probar que disponen de recursos o que sus padres o un avalista se harán responsables de la deuda.
David Robertson, autor del boletín informativo The Nilson Report, especializado en sistemas de pago, anticipa que el cambio reglamentario y la realidad económica no sólo se traducirán en menos crecimiento y beneficios para la industria, sino que cambiará su perfil como negocio y la relación con los clientes, especialmente los que acumulan deuda cada mes.
"Los grandes no lo serán tanto como ahora. Los de tamaño medio se harán un poco más grandes. Y los más pequeños estarán más sanos que nunca" porque se limitará el crédito a los clientes de riesgo. El temor es que los usuarios de tarjetas con buen historial de crédito acaben pagando intereses y comisiones más altas para compensar la pérdida de ingresos de la industria.
Fuente: El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario