El Gobierno de López Obrador prohibió a las autoridades ambientales fiscalizar y clausurar las obras del Tren Maya

• El megaproyecto tuvo una protección gubernamental para sus múltiples y reiterados incumplimientos ambientales nunca vista en el sector, revelan documentos internos de la Profepa obtenidos por EL PAÍS

Construcción del tramo 5 Sur del Tren Maya, en Quintana Roo, en 2023. Gladys Serrano

 Carlos Carabaña - México - El País

El Tren Maya, megaproyecto mimado del presidente Andrés Manuel López Obrador, levantó en cinco años un lazo ferroviario de 1.500 kilómetros por la península de Yucatán. Un tiempo récord presumido como una hazaña por el Gobierno anterior, quien volcó todo el apoyo de la Administración y un presupuesto ilimitado para materializar el proyecto. Y, aunque se aseguró que todo se hizo con respeto y apego a las leyes, la realidad es que el Tren Maya gozó de una protección gubernamental para sus múltiples y reiterados incumplimientos ambientales, como nunca se había visto en el sector. Tanto que se prohibió a las autoridades fiscalizar y sancionar las obras aunque tenían pruebas de graves y repetidos ilícitos que en cualquier otro caso hubieran supuesto clausurar su construcción.

Esto lo revelan documentos internos de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) obtenidos por EL PAÍS y lo corroboran funcionarios del organismo, que denuncian que no les dejaron hacer su trabajo. Los promotores del megaproyecto retorcieron la legislación ambiental en contra del consejo de sus asesores y de los estudios ambientales, comenzando las obras con permisos incompletos y defectuosos. El Gobierno no permitió que las autoridades del sector inspeccionaran el proyecto durante dos años aunque se acumulaban denuncias populares de sus afectaciones. Además, cuando finalmente se permitió a los inspectores evaluar la construcción y encontraron delitos ambientales como deforestación, cambios de uso de suelo ilegales, bancos de material sin permiso, obras secundarias sin registrar o falta de autorizaciones, desde el Gobierno de López Obrador se dio la orden a la Profepa de ignorar estas violaciones y dejar que el Tren Maya siguiera su curso. Este periódico pidió postura a las autoridades, pero a cierre de edición no habían respondido.

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