Verónica Malo Guzmán - Sonora Presente
No toda tragedia admite lectura electoral. Algunas, por su densidad y por sus consecuencias, obligan a algo más incómodo: a pensar cómo funciona —o deja de funcionar— el Estado. La tragedia reciente vinculada al corredor interoceánico no exige consignas, sino una pregunta estructural: ¿quién responde cuando una obra pública falla y hay víctimas?
No se trata de desear que le vaya mal al país ni de capitalizar políticamente el dolor —estrategia que, por cierto, sí fue usada con destreza por el movimiento hoy en el poder cuando estaba en la oposición—. Se trata de exigir algo mucho más elemental: responsabilidad institucional como condición para que México tenga un futuro más promisorio.
En ese sentido, el episodio abre una grieta que no es coyuntural sino sistémica. Porque el problema no es un descarrilamiento, sino una forma de gobernar donde las obras “emblemáticas” no pocas veces quedan blindadas contra la rendición de cuentas, como si la épica sustituyera a la ingeniería y la lealtad política reemplazara a los peritajes.
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