Mario Maldonado - Sonora Presente
Pemex reportó en su informe del tercer trimestre un pasivo con proveedores de 517 mil millones de pesos, un incremento respecto al trimestre previo y una cifra que refleja únicamente lo registrado en sus sistemas contables. Sin embargo, la deuda real supera los 900 mil millones de pesos, pues al menos 400 mil millones adicionales corresponden a trabajos ya ejecutados que la petrolera no ha reconocido. El resultado es un ecosistema de incertidumbre, empresas al borde de la quiebra y una maquinaria informal que aprovecha la asfixia financiera para operar redes de gestión de pagos dentro y fuera de la empresa productiva del Estado.
Uno de los casos más ilustrativos del modus operandi que prolifera en Pemex es el de Filtración Industrial Especializada S.A. de C.V., una empresa proveedora que, ante la imposibilidad de cobrar de manera ordinaria, recurrió a Julián Loyo, empleado —o ex empleado— de Pemex en el área de contratación de personal. Desde un domicilio en Amatlán 94, Condesa, Loyo ofrece el servicio de gestión del COPADE, la codificación interna que permite a un proveedor facturar y cobrar. Sin COPADE no existe reconocimiento de deuda; sin reconocimiento no hay flujo; y sin flujo, las empresas se derrumban. Loyo no opera solo. Su vínculo con el despacho Ingeniería Aplicada RONU S.A. de C.V., representado por Nahum Gallardo Dionisi, abre una puerta directa hacia áreas sensibles de Pemex. De acuerdo con documentos y mensajes redactados por el propio Loyo, RONU funge como “despacho satélite” del director corporativo de Finanzas, Juan Carlos Carpio Fragoso, y mantiene comunicación operativa con la Dirección General a través del operador Benjamín Salas.
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