El desaseo administrativo y el embrollo jurídico
que provocó el decreto de Felipe Calderón empieza a revelarse: con
informes dudosos, mentiras y opacidad, pero con una ejecución bien
sincronizada
Arturo Rodríguez
Arturo Rodríguez
MÉXICO, DF (Apro).- A tres años de la extinción de Luz y Fuerza del
Centro (LFC) el desaseo administrativo y el embrollo jurídico que
provocó el decreto de Felipe Calderón empieza a revelarse: con informes
dudosos, mentiras y opacidad, pero con una ejecución bien sincronizada
se perpetró el golpe que dejó en la calle a más de 44 mil trabajadores
en octubre de 2009.
Aunque en sus referencias a la extinción Calderón insiste en que fue
necesaria y que no le importó el costo político con tal de mejorar el
sistema eléctrico del país, por la ilegalidad del acto ya hay reveses
judiciales.
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