Héctor Sámchez Gutiérrez - El Siglo de Durango
El debate público en México suele reducir la crisis nacional a una suma de problemas sectoriales: inseguridad, corrupción, debilidad institucional o estancamiento económico. Ese enfoque fragmentado es cómodo, pero profundamente engañoso. La situación actual no es una falla administrativa ni una coyuntura política adversa: es la expresión de una "crisis estructural de poder del gobierno mexicano", inscrita en un reordenamiento global que penaliza con severidad a los Estados incapaces de ejercer control, autonomía y viabilidad estratégica. "Bajo esta lógica, la pregunta central ya no es si el Estado enfrenta dificultades, -sino si puede sostenerse como tal- en las condiciones actuales".
La permanencia del Estado-Nación no depende de su continuidad legal ni de la estabilidad del gobierno, sino de su capacidad real para imponer reglas, decidir con independencia y sostenerse en el tiempo. Volviendo el panorama preocupante: la Administración Pública mexicana ha perdido control en territorio, instituciones y funciones. En muchas regiones, actores ajenos regulan economías locales, movilidad, justicia informal y normas sociales, creando sistemas de autoridad paralela que reemplazan al gobierno.
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