Por: Jimena Ortiz - El Economista
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 (Plan de Inversión), con una bolsa estimada en 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos, de los cuales el energético concentra 54%. El desafío económico es complejo, ¿cómo financiar, estructurar y ejecutar ese volumen de proyectos en un entorno de bajo crecimiento y restricciones fiscales?
La economía mexicana cerró 2025 con un crecimiento cercano a 0.7% anual del PIB. Es una expansión insuficiente para acelerar la creación de empleo formal y claramente distante del umbral de 3% o más que permitiría ampliar de manera sostenida la base tributaria. La inversión fija bruta reflejó la debilidad: en noviembre de 2025 cayó 5.7% anual; la maquinaria y equipo retrocedió 11.6% y la construcción acumuló un crecimiento anual de 0.6% de los cuales la construcción no residencial presenta una caída anual de 7%.
Estos datos anticipan menor capacidad productiva hacia adelante si no se corrige la tendencia. Con crecimiento bajo, la recaudación tributaria enfrenta límites estructurales y el déficit público permanece en niveles elevados. La deuda pública como proporción del PIB ha mostrado una trayectoria ascendente y, lo más preocupante, la deuda crece a una velocidad mayor que la capacidad productiva del país. En 2025, el endeudamiento del sector público ascendió a 1 billón 366 mil millones de pesos, mientras que la inversión física total pública alcanzó apenas 769.9 mil millones. La preocupación es que sin mayor crecimiento económico, el margen para sostener el gasto en infraestructura sin comprometer la estabilidad fiscal se reduce. Por lo que, la participación privada es una condición necesaria para ampliar la inversión total.
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