Melissa Ayala - El Siglo de Torreón
El Tribunal de Disciplina anunció que comenzaría a aplicar encuestas a las personas usuarias del sistema de justicia como mecanismo para evaluar el desempeño de quienes juzgan, bajo la premisa, en apariencia incuestionable, de que escuchar la percepción ciudadana contribuye a mejorar la calidad institucional. La idea, en abstracto, es correcta. La evaluación siempre es deseable y la medición, cuando es seria, aporta información valiosa. El problema no está en la intención declarada, sino en el instrumento elegido y en la comprensión profundamente equivocada de lo que, en materia judicial, puede y debe medirse mediante percepción.
Basta revisar las preguntas que integran el cuestionario para advertir que no se trata de una encuesta de experiencia judicial, sino de un formulario que mezcla indebidamente planos distintos: la percepción del trato, la posible comisión de ilegalidades y la valoración técnica del desempeño jurisdiccional, como si se tratara de dimensiones equivalentes y susceptibles de medirse con el mismo recurso rudimentario.
Preguntar a una persona usuaria si "le pidieron dinero por su asunto" no constituye un ejercicio de evaluación, sino la banalización de un posible acto de corrupción que, de haber ocurrido, debe canalizarse por las vías formales de denuncia penal y administrativa que existen precisamente para esos casos. Convertir esa hipótesis en una pregunta genérica, anónima y desprovista de cualquier candado metodológico no fortalece la rendición de cuentas; la trivializa al diluirla en un instrumento que no tiene capacidad alguna para activar responsabilidades.
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