Sepientes y Escaleras
Salvador García Soto - Expreso
El del narcoalcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, dista mucho de ser un caso aislado o excepcional en México; por el contrario, el modus operandi de ese munícipe de Jalisco, se repite en otras alcaldías de distintos estados de la República, donde el poder municipal, primera instancia de gobierno que tienen los ciudadanos, está rendido y entregado a los grupos del narcotráfico que, en cuando no los imponen y apoyan electoralmente, los convencen y someten con la ley de "plata o plomo" que hoy amedrenta y asesina a los presidentes municipales del país.
Lo mismo en Jalisco que en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca o en muchas otras entidades federativas de México, los tentáculos de los capos y cárteles de la droga han capturado a los municipios y a sus gobernantes que, sin apoyo de los gobernadores, que en la mayoría de los casos eluden su responsabilidad bajo el argumento de que "son delitos federales" o de plano protegen al narco en sus estados, quedan abandonados a su suerte y deben decidir entre gobernar y desafiar a los narcos o de plano ser baleados y asesinados por su rebeldía.
No es gratuito que en México asesinen a un alcalde cada 2 meses y medio, según las alarmantes cifras de una revisión realizada por El Universal en noviembre de 2025, y que arroja que del año 2000 a la fecha han sido asesinados de manera violenta 119 presidentes municipales de todas las regiones y estados de la República, siendo el sexenio de Peña Nieto el que más asesinatos tuvo con 42 munícipes asesinado; Felipe Calderón con 37; López Obrador con 26 y en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum han matado a 10 presidentes municipales.
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