- La reforma judicial busca en los tribunales anónimos una respuesta para proteger a los juzgadores de la inseguridad en México, pero la propuesta ya ha dejado una estela de autoritarismo y violaciones de derechos humanos en otros países de la región
La sombra de un juez, en una fotografía ilustrativa. simarik (Getty Images)
Elías Camhaji - Juan Esteban Lewin - México / Bogotá - El País
A plena luz del día, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio de Uriel Villegas en la ciudad de Colima y le disparó 20 veces. El juez, que había llevado juicios de alto perfil contra el Cartel Jalisco Nueva Generación, fue asesinado junto a su esposa el 16 de junio de 2020. El doble crimen fue dado a conocer por el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en medio de una sesión virtual del Alto Tribunal. Villegas, que tenía 42 años y dos hijas menores de edad, había renunciado a sus seis escoltas y una camioneta blindada poco más de un año antes de ser ejecutado. El homicidio conmocionó a la sociedad y detonó un debate sobre las amenazas a la justicia y las condiciones de seguridad de quienes imparten justicia en México.
Cuatro años más tarde, el país está a las puertas de aprobar una ambiciosa y polémica reforma judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha acaparado los reflectores por impulsar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte por voto popular, un sistema que sólo es utilizado en Bolivia. Pero no es el único punto que divide opiniones. El proyecto de ley, aprobado esta semana en la Cámara de Diputados por la mayoría liderada por Morena, el partido gobernante, contempla también la adopción de los llamados jueces sin rostro, una figura que garantiza el anonimato de los juzgadores al frente de procesos por delincuencia organizada y que pretende ser una respuesta a la ola de violencia que azota a México, envuelto desde hace casi dos décadas en una guerra abierta contra el narcotráfico. “La lógica detrás está asociada con el riesgo que supone enjuiciar cierto tipo de casos que presentan un alto grado de peligrosidad”, explica Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
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