El balance de la política
económica se resume en la caída de los ingresos familiares y el aumento del
paro y la inflación
Joaquín Estefanía / El País
Aumento
de la inflación y del paro y reducción de la renta disponible. Todo ello en un
contexto caracterizado por los recortes en la protección social (sanidad,
educación, dependencia, seguro de desempleo, paga escoba...) y la acción de una
reforma laboral agresiva que todavía no ha dado todos sus frutos (más despidos
y más baratos). Este es el entorno de la economía familiar en España y el
resultado de la política económica aplicada, según los datos conocidos en los
últimos días.
De todos
ellos, el menos publicitado es la reducción de la renta disponible de los
hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los mismos en el
segundo trimestre del año. Según la Contabilidad Nacional del Instituto
Nacional de Estadística (INE), entre los meses de abril y junio (últimos datos
disponibles) la renta disponible —una vez deducidos los impuestos— de las
familias disminuyó un 3,2% en términos interanuales, y ello debido sobre todo a
la reducción de los salarios (-3,9%) y de las rentas de la propiedad como
intereses, dividendos...
Es
significativo comparar esta situación con la de las administraciones públicas,
empresas y bancos, con el objeto de analizar la distribución del ajuste. Según
la misma fuente, las administraciones públicas resultaron aún más afectadas,
con una reducción de su renta disponible en términos anuales del 10,2% (con un
descenso de los impuestos percibidos, sobre todo los ligados a la producción).
Por el contrario, el sector de las sociedades no
financieras (empresas) vio aumentar su renta disponible en el 6,4%, motivado
por una combinación del incremento de los beneficios (3,2%) y de un fuerte
descenso de las rentas de propiedad que habían de pagar.
Por
último, el salto más espectacular: pese a todas las dificultades que algunas de
ellas sufren, la renta disponible de las instituciones financieras aumentó casi
un 90% respecto al mismo periodo del año anterior, con un fuerte incremento del
excedente bruto de explotación (48,5%) y de las transferencias de capital
recibidas por las administraciones públicas.
Así pues,
comportamiento asimétrico de los distintos agentes y factores de la producción,
que habrá que actualizar cuando se conozca la evolución de las cuentas en el
recién terminado tercer trimestre del año. En él, la marcha del empleo y del
paro (medido a través de la Encuesta de Población Activa del propio INE) —que
se conocerá el próximo día 26— se prevé desoladora a la luz de lo que se va
conociendo a través del paro registrado de los meses en cuestión. Con dos
factores agregados de inquietud: la más que probable necesidad de un crédito
extraordinario para pagar el seguro de desempleo de los que todavía lo tienen
(hay 1,5 millones de personas que, siendo parados de larga duración, se han
quedado fuera de este sistema de protección) y la de acudir al fondo de reserva
para el pago de las pensiones.
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