- Una violación al “debido proceso”, hace imposible que la indagatoria llegue hasta sus últimas consecuencias
Mario Maldonado - El Universal
La investigación que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar, además de un numeroso grupo de integrantes y exintegrantes del Poder Judicial, es una apuesta puramente electoral. Lo confirma el comunicado que liberó en la semana el órgano que encabeza la ministra Norma Piña, al aceptar que la filtración de los documentos sobre el tema es también una falta grave que amerita su propia indagatoria y que, en los hechos, esta elimina la posibilidad de que se llegue a fincar responsabilidades o a establecer una sanción.
En la Corte y en el Consejo de la Judicatura se tiene claro que la normatividad que rige la operación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas establece una línea de trabajo similar a la de un proceso judicial, por lo que una violación al “debido proceso”, como la filtración a los medios de comunicación de los datos sobre lo que se indaga o a quién se investiga, hace imposible que la indagatoria llegue hasta sus últimas consecuencias.
En pocas palabras, quien decidió hacer público el acuerdo de investigación contra ministros, jueces, magistrados y demás funcionarios que presuntamente apoyaron con resoluciones judiciales los temas de interés de la 4T, terminó blindándolos de posibles sanciones. La ministra Piña lo tenía claro, incluso hay jurisprudencias en la materia, pero las pretensiones electorales de la jugada pudieron más que los criterios técnicos de la jurista, que se quedará sin herramientas para condenar a su antecesor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario