El
profundo malestar social incubado durante la crisis económica está derivando en
un problema de confianza en el sistema político. Desvanecida la esperanza de
que los recortes presupuestarios del Gobierno permitan enderezar el estado de
la economía, se ha instalado la idea del agravio comparativo en el reparto de
las cargas. Nueve ciudadanos de cada 10 están de acuerdo en que la crisis la
pagan todos, menos los bancos y los más ricos, según el barómetro de
Metroscopia publicado por EL PAÍS.
El temor
al empobrecimiento y la debilidad de la política dan paso a graves
premoniciones: de no mejorar la situación, la mayoría de encuestados considera
probable que se hagan más frecuentes las manifestaciones masivas (91%), aumente
la inseguridad ciudadana (84%), se produzcan protestas violentas (79%), asaltos
a comercios (64%) o boicoteos a bancos (61%). Y aunque la mayoría cree en la
ley, tres de cada 10 personas ya no lo ven como la barrera ante la que siempre
hay que detenerse.
En
consonancia con este estado de opinión, los dos principales partidos del arco
parlamentario acusan un gravísimo desgaste. El PP pierde 14,7 puntos respecto
de las legislativas de 2011 y experimenta una brusca caída en la fidelidad de
sus votantes. Si hace un año el 90% de quien le habían votado declaraba que
repetiría, ahora solo lo haría el 51%. El PSOE, mientras tanto, sigue
hundiéndose: con 4,5 puntos menos que en las últimas legislativas, obtendría
ahora el peor resultado de su historia y lo que es peor, solo el 41% de quienes
le votaron dice estar dispuesto a hacerlo de nuevo.
Que el
77% de los ciudadanos comparta los argumentos de los que se manifestaron en las
cercanías del Congreso de los Diputados no implica una voluntad masiva de
ocupar las calles, pero tampoco desautoriza a los que lo hacen. Queda claro que
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cometió otro error al suponer que la
“mayoría silenciosa” está en contra de las manifestaciones del 25-S o que las
críticas al Ejecutivo son minoritarias. El Gobierno, que ha esgrimido la
defensa del Congreso para justificar la actuación policial en el 25-S, continúa
ninguneando al Parlamento cuando abusa de la técnica del decreto ley y usa su
mayoría absoluta para evitar las comparecencias del jefe del Ejecutivo o hurtar
debates importantes a la Cámara.
Esas
prácticas traban el buen funcionamiento de la democracia parlamentaria en
beneficio de un presidencialismo del que no se ven los frutos, y atacan un
principio básico: la calle no puede sustituir a las instituciones. Los
españoles, a los que ya no da miedo reformar la Constitución, lamentan que los
principales partidos no quieran volver al método basado en el pacto y la
transacción propio del periodo de la Transición. La situación lo exige. El
entendimiento y la búsqueda consensuada de soluciones es la única esperanza que
le queda a la mayoría silenciosa para encontrar una salida del túnel y repartir
más equitativamente las cargas, precisamente la vía no ensayada durante la
crisis.
Fuente:
El País
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