Enrique Del Val Blanco /
Excélsior
Uno de
los grandes problemas que afectan a nuestro país es el referente a la
educación, ciencia, tecnología e innovación, consecuencia de que no existe
hasta ahora una política de Estado eficiente, articulada y con visión de largo
plazo. Lo que tenemos son esquemas e instrumentos desarticulados y atomizados,
tanto a nivel federal como estatal.
Es por
ello que resulta de lo más importante el esfuerzo que, coordinado por el rector
de la UNAM y con participación de más de 120 representantes de 60 entidades,
del sector público y de los sectores privado y social, dio como resultado un
documento que se presentó esta semana ante el Presidente electo.
El
documento lleva por título Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología
e Innovación y contiene propuestas para el período 2012-2018. Es un
documento muy bien articulado y que ha sido elaborado por especialistas
reconocidos en los diversos temas.
En la
introducción plantea que “nuestro país tiene el compromiso ineludible de saldar
su deuda histórica para abatir la pobreza y el rezago, además de lograr mejores
niveles de equidad y bienestar”. Efectivamente, ya es hora de que el gobierno
atienda de manera sustancial estos aspectos que, sin duda, nos ayudarán a
reducir la desigualdad creciente que México tiene y que no se merece. Una
palanca fundamental para ello, cuya efectividad se ha demostrado hasta la
saciedad en muchos países, es la inversión y el desarrollo acelerado de la
ciencia, tecnología e innovación (CTI). Los diferentes índices mundiales
colocan a México muy lejos del lugar que deberíamos ocupar. Somos la décimo quinta
nación en cuanto a Producto Interno Bruto (PIB) y, según datos del documento,
en el Índice de Desarrollo Humano nos encontramos en el lugar 57; en el de
Calidad del Sistema Educativo en el 107; en el de Competitividad Global en el
53; y en el de Investigación y Desarrollo ocupamos el lugar 79.
Con los
anteriores índices es imposible pensar que nuestro país pueda crecer y abatir
la desigualdad tanto como se necesita, si no toma el toro por los cuernos y
dedica los recursos necesarios a la consolidación y desarrollo de la CTI, como
está establecido desde el año 2004 en la Ley de Ciencia y Tecnología, es decir,
destinar el uno por ciento del PIB a este rubro. En la actualidad, y desde hace
varios años, los recursos destinados a ello llegan al 0.4% del PIB,
colocándonos en el último lugar de los países miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las
propuestas centrales del documento son que la ciencia debe ser considerada una
prioridad nacional; debe haber objetivos concretos, nacionales y regionales; se
debe consolidar una estrategia de planeación de mediano y largo plazo; debe
haber una creación acelerada de centros de investigación y universidades
públicas; deben existir políticas diferenciadas que apoyen el progreso integral
de las entidades federativas y regiones, y consolidar la vinculación entre
ciencia y educación superior.
En este
tema otros países ya lo han hecho de manera destacada, tales como Brasil, India
y China, pues entendieron que sin el apoyo a sus científicos para desarrollar
ciencia propia que atienda de manera prioritaria sus carencias nacionales, no
se puede avanzar sólidamente en este mundo globalizado.
Según la
información publicada, el Presidente Electo se comprometió a alcanzar el
objetivo de llegar al uno por ciento durante su sexenio, lo cual es una
excelente noticia no sólo para los científicos, sino para el país.
Por otro
lado, los recursos que se están pidiendo no son nada del otro mundo y el
presupuesto nacional puede hacerles frente perfectamente. Destinar el uno por
ciento del PIB a la ciencia, tecnología e innovación no afectará el equilibrio
macroeconómico ni la tasa de inflación, como tampoco va a provocar ninguna
devaluación.
Esperemos
que esta decisión de los nuevos funcionarios sea el inicio del cambio en el
fundamentalismo que en materia económica y social ha regido a nuestro país
por varios sexenios.
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