Mario Maldonado - Sonora Presente
El hackeo de los sistemas digitales del gobierno mexicano sucedió como fue anticipado en esta columna el jueves pasado. Por lo menos 25 dependencias federales sufrieron vulnerabilidades y alrededor de 2 terabytes de información sensible de los ciudadanos fue exhibida en plataformas públicas.
Entre las dependencias afectadas se encuentran la Sociedad Hipotecaria Federal, que dirige Jorge Mendoza; el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch; el Sistema de Administración Tributaria a cargo de Antonio Martínez Dagnino; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de Ricardo Ochoa Rodríguez; la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Mario Delgado, y la Comisión Nacional del Agua, al mando de Efraín Morales. A todas se les cumplió la amenaza de ver publicados el 30 de enero sus datos privados.
Aunque la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de José Antonio Peña Merino, mantuvo la narrativa de que no se trató de una vulneración de la infraestructura de las autoridades, sino de “usuarios y contraseñas válidos que se inhabilitaron inmediatamente”, expertos en ciberseguridad consultados para esta columna coincidieron en que el uso no autorizado de credenciales dentro de un sitio gubernamental es un incidente que queda fuera de los “supuestos” y representa una responsabilidad legal.
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