Se
necesita reformar a fondo el sistema y no meros recortes sin calibrar que
amenazan su viabilidad
El País
La crisis está
poniendo a prueba al Estado de bienestar. Es un desafío en el que están
inmersos la práctica totalidad de los países europeos: la reducción de ingresos
públicos dificulta el mantenimiento del gasto social, a lo que se une el
envejecimiento de la población y el consecuente aumento de la factura de las
pensiones. Ante una situación tan alarmante resulta imprescindible que los
Gobiernos ideen fórmulas para elevar los ingresos y ahorrar gasto. El problema
es que una parte importante de este último se destina a prestaciones sociales,
un capítulo en el que España, uno de los países más castigados por la crisis,
sigue por debajo de la media europea. A pesar de ello ya se ha recortado el
gasto social en 15.000 millones de euros desde 2010, un esfuerzo que ha recaído
sobre pilares esenciales como la educación y la sanidad, además de las
pensiones, puesto que son los capítulos que más recursos absorben y donde el
efecto sobre las cuentas públicas se produce con mayor rapidez.
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