Emmanuel González-Ortega* y Alma Piñeyro-Nelson** - Periódico La Jornada
En el contexto de las crisis actuales (climática, de biodiversidad, alimentaria, económica) los sistemas agroalimentarios convencionales están bajo una presión sin precedentes. Para satisfacer la demanda mundial de alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que para 2050 la producción agrícola debe aumentar 40-50 por ciento respecto de la cantidad producida en 2012. Bajo esta premisa, diversas biotecnologías prometen soluciones tales como el aumento en los rendimientos, reducción en el uso de pesticidas, resistencia a insectos plaga y malas hierbas, y hasta adaptaciones al cambio climático. Una biotecnología que suele mencionarse es la edición genómica (llamada también CRISPR-Cas) y es la nueva apuesta tecnocientífica –que de hecho emplea ingeniería genética– para intentar solucionar las fallidas promesas de los cultivos transgénicos y los paquetes tecnológicos asociados que han generado daños ambientales, económicos y sanitarios ya por generaciones.
Recientemente, la modificación genética de cultivos por CRISPR-Cas, que permite la modificación directa de ADN del organismo editado, está bajo la lupa en varios países ya que grupos de interés (corporaciones y científicos simpatizantes) intentan que los cultivos modificados con CRISPR-Cas sean legalmente considerados como no-genéticamente-modificados, lo cual desde el aspecto técnico molecular es totalmente falso, ya que dichas modificaciones sí implican la manipulación y alteración expresa del material genético de organismos vivos, eso sí, por mecanismos diferentes a los usados para generar transgénicos. El argumento presentado para intentar eximir de la regulación a tales organismos genéticamente modificados (OGM) está en que las modificaciones hechas se describen como que podrían ocurrir naturalmente y que, dado que no se insertó material genético foráneo, los riesgos al ambiente y a la salud automáticamente no son mayores a los que generaría el uso o consumo de organismos no modificados. Es más, los promoventes argumentan que no podrían distinguirse los OGM editados de los convencionales.
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