Por periodistasdigitales
Por Miguel Ángel Cristiani G.
¿Desde cuándo la autonomía universitaria se convirtió en un cheque en blanco para administrar el poder sin rendir cuentas? La pregunta no es retórica ni exagerada. Es pertinente, incómoda y necesaria, justo cuando la Universidad Veracruzana se apresta a celebrar un Consejo Universitario General en medio de amparos judiciales, protestas internas y un silencio institucional que ya resulta ensordecedor.
La prórroga rectoral aprobada por la Junta de Gobierno —sin convocatoria, sin competencia abierta y sin deliberación pública— no es un simple trámite administrativo. Es un acto político de alto impacto que toca el corazón mismo de la vida universitaria: la legalidad, la legitimidad y la confianza. Extender un periodo rectoral de 2025 a 2029 sin someterlo al escrutinio de la comunidad no es una decisión menor; es una señal clara de cómo se entiende —o se distorsiona— la autonomía.
Conviene decirlo sin rodeos: la autonomía universitaria no es propiedad de las cúpulas ni patente de corso para decidir en lo oscurito. Es una conquista histórica para garantizar libertad académica, pluralidad y autogobierno responsable. Cuando se usa para justificar decisiones opacas, deja de ser autonomía y empieza a parecer coartada.
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