- El cobro de este ‘impuesto’ desata una violencia que deja cientos de muertos al año y sustrae una fortuna al tesoro público
Carmen Morán Breña - México - El País
Más de la mitad del empleo en México es informal, millones de personas que se dedican a la venta en las calles y mercados ambulantes donde se puede encontrar de todo, comida, ropa y calzado, tecnología, cacharrería, flores, perfumes, bisutería o cordones de zapatos, cualquier cosa que a uno se le ocurra y aún más si tiene imaginación. Prácticamente, todos están extorsionados por el crimen o caciques locales, que les obligan a pagar “el piso” por su actividad comercial. Es corriente en las noticias contar que un motorista se acerca a uno de estos vendedores y sin quitarse el casco saca la pistola y lo mata. Todo el mundo sabe la razón: el infortunado se negó o no pudo pagar el impuesto criminal que cada semana, quizá ese mismo motorista, se acerca a cobrar. En los últimos tiempos han sido los polleros el objetivo de las balas. En el mercado de Toluca, la capital del Estado de México, han contratado seguridad privada porque están hartos de extorsiones y secuestros que las autoridades no consiguen frenar. Acosada durante décadas por el tráfico de drogas, la delincuencia organizada ha ido penetrando otras actividades y dejando tras de sí su habitual reguero de asesinatos. De tarde en tarde, un mercado incendiado, almacenes de mercancías que dejan una humareda visible en toda la ciudad, balaceras. Y hartazgo, que se traduce en más balas.
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