Por Alberto Aguirre - El Economista
Justo hace dos años ocurrió uno de los capítulos más oprobiosos para la banca mexicana en las épocas recientes: para librar un engorroso pleito en tribunales —y sanciones de los órganos reguladores—, Banorte, CI Banco y Santander aceptaron cubrir casi 900 millones de pesos salidos de las arcas de Segalmex, la primera paraestatal creada por la Cuarta Transformación.
Las áreas fiduciarias de esas instituciones recibieron los recursos y acataron instrucciones de los fideicomitentes, Corafi Financiera, entidad con la que René Gavira Segreste —quien al inicio del sexenio fue nombrado director general de administración y finanzas de Diconsa y Liconsa— suscribió el contrato de intermediación bursátil.
El invierno del 2021 acababa el plazo concedido por el gobierno mexicano para el reembolso. En el banco regiomontano, acceder a esa petición tuvo funestas consecuencias para su área jurídica. En Santander y CI Banco —hasta ahora— no se conoce de sanciones internas, aunque en tribunales locales y federales avanzan sus reclamos contra el empresario chiapaneco René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz, accionistas principales del consorcio presuntamente responsable de captación irregular.
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