- Documentos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía también se invirtieron en un negocio con trampa
Zedryk Raziel - México - El País
El Estado mexicano ha sido víctima de un desfalco con todas las características de una estafa Ponzi que le ha costado al menos 6.000 millones de pesos de dinero público (342 millones de dólares) desde hace una década. En el centro del esquema de defraudación están dos empresarios, René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García, que han logrado convencer a tesoreros de instituciones públicas de invertir con dinero del erario en su sistema de negocios, con la promesa de unos rendimientos muy elevados (del 11% al 13% anuales) y el pago en efectivo de una “comisión de colocación” del 5% del total de los recursos comprometidos. De manera resumida, el esquema consiste en vender bonos de deuda emitidos por casas de bolsa en representación de compañías de Dávila y Guzmán que no tienen manera de respaldar las inversiones. Llegado el momento de pagar los compromisos —inversiones, rendimientos y comisiones—, los empresarios acuden a otra institución para vender el mismo modelo de emisión de deuda y refinanciarse. Por supuesto, el siguiente préstamo debe ser mayor. En realidad, se trata de cavar un hoyo nuevo y más grande para tapar el anterior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario