Por Jimena Ortíz - El Economista
México ha transitado, desde el año 1990, por diferentes medidas de política social, que se mantuvieron en lo esencial hasta 2018, pero que con la administración del gobierno del presidente López Obrador se modificaron sustancialmente, con resultados muy divergentes -al menos en las cifras oficiales- que deberían ir acompañadas de cómo sustentar tales políticas, pues deben provenir de un sistema fiscal sólido y equitativo. Esto nos lleva a la pregunta de quién debe “subsidiar” tales medidas: o bien a través de una reforma fiscal necesaria, que podría volver a transitar hacia el cobro del IVA a alimentos y medicinas, a cambio de mayores programas sociales, o bien si el gasto social se debería financiar con impuestos generales.
Para generar mayores recursos para el desarrollo social, el presidente Fox promovió sin éxito, durante el 2001 una reforma fiscal con el objetivo de lograr un menor nivel de endeudamiento público y un aumento del ahorro interno del sector privado de 3 puntos del PIB. Pese a que el gobierno de Fox reconoció el grave rezago y la inequidad social existente entre etnias, regiones y generaciones en México, argumentó la insuficiencia de recursos para impulsar y fortalecer los programas sociales. Entonces, el gobierno federal propuso a la Cámara de Diputados homologar la tasa general de impuesto al valor agregado (IVA) que el presidente Zedillo había logrado subir a 15%, y retirar la exención del pago del IVA a alimentos, medicinas, servicios médicos, colegiaturas, libros, periódicos y revistas.
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