Por Mariana Mazzucato y Rosie Collington - El Economista
La creciente dependencia de las grandes consultorías con modelos de negocios extractivos está atrofiando la capacidad estatal y socavando la responsabilidad democrática en un momento en que necesitamos que los gobiernos ayuden a transformar nuestras economías en beneficio del interés público
LONDRES – Estos últimos años, McKinsey & Company (una de las “tres grandes” empresas de consultoría) ha estado en boca de todos, pero no por buenos motivos. Su trabajo para grandes corporaciones y gobiernos se ha convertido en fuente de escándalos e intrigas en todo el mundo.
En Estados Unidos, por ejemplo, McKinsey aceptó pagar casi 600 millones de dólares por su participación en la mortal epidemia de opioides: la empresa fue acusada de haber asesorado a Purdue Pharma sobre cómo “potenciar” las ventas de OxyContin. En Australia, el trabajo de la empresa para la estrategia nacional de descarbonización del gobierno anterior recibió críticas por ser un intento evidente de proteger a la industria australiana de los combustibles fósiles. Y una investigación del New York Times halló que en Puerto Rico, su filial de inversiones (MIO Partners) estaba posicionada para obtener ganancias con los mismos títulos de deuda que sus consultores estaban ayudando a reestructurar.
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