Ana María Aragonés - Periódico La Jornada
Lo sucedido la noche del lunes pasado en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó al menos 38 personas fallecidas provenientes de Centroamérica y América del Sur, de las cuales –según las últimas informaciones– 29 eran de Guatemala, es muestra de cómo las políticas migratorias que se aplican en México, y en el resto del mundo, son totalmente inaceptables.
Hay desatención inhumana no sólo de los países por los que esas personas se van desplazando en sus azarosos caminares; también hay desatención de los organismos internacionales cuyos funcionarios desplegados por el mundo y relacionados con el tema migratorio deberían vigilar esos tránsitos y alertar posibles tragedias. Lo más grave es que al momento de entrar, en este caso a México, no se les ofrece posibilidades con la agilidad necesaria para ir resolviendo sus muy precarias condiciones. Precisamente, al no tener claridad para sus estancias, los invade la desesperanza que desata la necesidad de llamar la atención y que en ocasiones lleva a tragedias como la que México tiene que lamentar hoy. La política de contención, prohibicionista, impuesta por Estados Unidos es inaceptable, debe ser eliminada y México debe replantearse una política migratoria soberana que ponga en el centro el respeto irrestricto a los derechos humanos, lo que supone un amplio espectro de obligaciones por sus autoridades.
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