MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Sin duda, sería deseable suprimir la corrupción en Pemex, reducir
sus pasivos laborales o enmendar prácticas sindicales impropias. Pese a las
críticas y leyendas negras, Pemex es un organismo altamente rentable. Las
utilidades antes de gravámenes sumaron 69 mil millones de dólares en 2012.
Entonces, su deterioro y descapitalización tienen causas preponderantemente
exógenas que no endógenas a la institución. La cuestión medular reside en un
régimen fiscal confiscatorio que grava pesadamente sus ingresos netos hasta
ponerle habitualmente en pérdidas. Veamos esta cuestión un poco más de cerca.
Los gravámenes petroleros aportan alrededor de 35% de los ingresos del Gobierno
Federal, es decir, alrededor de 7.7% del producto. Si a esa última cifra se
descuentan los impuestos a las ventas petroleras que supuestamente habrían de
cubrirse en cualquier hipótesis de reforma, el resto de los gravámenes sumaría
cerca de 5% mismo del producto. Si Pemex sólo cubriese el Impuesto Sobre la
Renta como cualquier negocio –aun añadiendo regalías– habría que acrecentar la
carga tributaria general en cera de 30% de la recaudación conjunta del IVA y
del Impuesto Sobre la Renta, cuestión ciertamente escabrosa.
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