Jorge Zepeda Patterson - Milenio
En teoría, es buena señal que la presidenta de la Suprema Corte anuncie una investigación de los actos de su predecesor. La impunidad que caracteriza a la vida pública en México se alimenta en buena medida de la incapacidad de élites y dirigentes para indagarse a sí mismos. Por desgracia, en la investigación a los colaboradores del ex ministro Arturo Zaldívar hay tantas señales de sesgo y oportunismo político que una acción que, en principio tendría que ser bienvenida, termina generando sospechas. Peor, castiga aún más la comprometida imagen que tiene la opinión pública sobre la dudosa imparcialidad de las autoridades judiciales.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Inegi cada dos años y dada a conocer hace unos días, apenas 39.4% de los ciudadanos afirma tener confianza en jueces y ministros. En esencia, seis de cada 10 mexicanos no creen en la imparcialidad del Poder Judicial. Podría pensarse que se trata simplemente de un signo más de los tiempos de escepticismo e inconformidad que vivimos. Pero la comparación con otros actores políticos es lo verdaderamente preocupante. Como puede verse en la tabla adjunta, gobierno federal (59%), Guardia Nacional (65%), Ejército y Marina (71%) tienen mucha más credibilidad que ministros y jueces, por hablar solo de otras instancias del poder público. Y para mayor preocupación, lejos de aminorar el problema, continúa deteriorándose. Mientras que las tres instituciones citadas mejoraron respecto a la lectura anterior realizada en 2019 (mucho el gobierno federal, ligeramente militares y GN), la de los jueces descendió un punto.
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