La Jornada
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, David Rogelio Colmenares Páramo, destituyó a Agustín Caso Raphael de la Auditoría Especial de Desempeño y nombró en su lugar a Arely Gómez González.
Es deplorable, por decir lo menos, que Colmenares rehabilite a una funcionaria con un historial como el de Gómez González. Por principio de cuentas, es poco propio designar en una instancia cuya esencia reside en la imparcialidad y el carácter técnico de sus criterios a una persona con una trayectoria parti-dista de tres décadas: fue diputada federal por el PRI de 1997 a 2000 y de 2009 a 2012, así como senadora desde ese año hasta 2015, cuan-do dejó el Congreso para integrarse al gabinete de Enrique Peña Nieto como procuradora general de la República. Un año después, renunció a ese cargo para ponerse al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde permaneció hasta el final del sexenio.
Gómez no sólo está vinculada de manera estrecha a un partido y a un grupo político, sino que su paso por el gobierno quedó marcado por la ineptitud, el encubrimiento y la violencia de Estado. Sus dos nombramientos se consideran maniobras para dar carpetazo a los escándalos de sus antecesores y de su superior: a la PGR arribó cuando la presencia del hoy preso Jesús Murillo Karam se volvió insostenible por su indolencia ante el caso Ayotzinapa y su papel en la invención de la verdad histórica, sobre la desaparición de los 43 normalistas. En la SFP sustituyó a Virgilio Andrade Martínez, quien exoneró a Peña Nieto por el conflicto de intereses en la adquisición de la casa blanca.
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