Joseph E. Stiglitz y Tommaso Faccio - Especial para La Jornada
Ya pasaron más de dos años desde que los líderes del G-7 anunciaron un innovador acuerdo para repartir los impuestos sobre los beneficios de las corporaciones multinacionales (https://bbc.in/3NQlBdq). Fue un gran avance después de años de tensas negociaciones bajo los auspicios del marco inclusivo de la OCDE y el G-20 (https://bit.ly/431vv0b), que luego adoptaron ese mismo acuerdo un año después (https://bit.ly/444fLuE).
El acuerdo, que establece un impuesto mundial mínimo de 15 por ciento a las empresas independientemente de dónde funcionen, busca evitar el traslado de ganancias a través de paraísos fiscales (https://cnb.cx/3qZkn6x) y limitar las políticas de empobrecer al vecino para atraer inversión extranjera (https://bit.ly/3qZkBdT). Además, creó un impuesto adicional (https://bit.ly/46njoNU) para cerca de 100 de las multinacionales más grandes y rentables para los países, garantizando que [esas empresas] tributen de manera justa dondequiera que funcionen y generen beneficios (https://bit.ly/3Jx2SAU). El objetivo era obligar a los gigantes tecnológicos como Amazon y Google a pagar más impuestos a los países de acuerdo con dónde venden sus productos y servicios, tengan o no presencia física en ellos.
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