Periódico La Jornada
La decisión del gobierno de Esta-dos Unidos de llevar a consultas técnicas la decisión mexicana de limitar las importaciones de maíz genéticamente modificado (USTR, por sus siglas en inglés) es una manera torcida de utilizar los mecanismos previstos en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para dirimir asuntos electorales internos, además de un intento de injerencia alimentaria y una medida que contradice frontalmente las posturas ambientalistas que oficialmente sostiene la Casa Blanca.
La secretaria de Economía del gobierno mexicano, Raquel Buenrostro, puntualizó ayer que la determinación estadunidense no es de carácter contencioso sino un paso previo en la búsqueda de soluciones bilaterales al descontento de sectores del país vecino por el decreto que regula el USTR en territorio nacional, y cuyo propósito es preservar que la tortilla sea elaborada con maíz nativo a fin de asegurar la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país. No hay, pues, indicio de afectación comercial en la medida en que el decreto referido es congruente con el propio T-MEC.
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