Jorge Zepeda Patterson - Diario de Yucatán
En los últimos días han surgido evidencias de que integrantes del ejército mexicano espiaron e intervinieron ilegalmente teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos. Raymundo Ramos, uno de ellos, dirige el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y como tal cuestionó la desaparición de jóvenes que habían sido detenidos por militares.
Confrontado con este hecho, el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió minimizar tales señalamientos. Entre otras cosas afirmó que no se trataba de espionaje sino de tareas de inteligencia (un eufemismo que en este caso designa a lo mismo); optó por no reconocer que el ejército ha utilizado el programa Pegasus cuando hay evidencia contable de la adquisición del software y existen filtraciones de archivos militares que dan cuenta de reportes que describen tal espionaje. Preocupante porque serían actos de vigilancia ilegal a personas que no son criminales ni constituyen un peligro para la seguridad nacional.
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