- Después de que la CNDH dictara medidas cautelares en favor de las familias de los jóvenes agredidos por militares personal del Ejército se presentó en su domicilio
APRO
Por Gloria Leticia Díaz
Una semana después de que sus hijos Gustavo y Alejandro fueron atacados por militares en Nuevo Laredo –hechos en los que murió el primero–, soldados a bordo de cuatro vehículos se estacionaron frente al domicilio de Enrique Pérez y el oficial que iba al mando amenazó con detenerlo.
“Apenas iba a salir mi hijo (Alejandro) para comprar algo de comida, cuando ya estaban los militares ahí; empezaron a decir puras cosas altaneras, maldiciones y que trabajábamos para cárteles y que nuestro carro olía a mariguana”, recuerda Pérez en entrevista con Proceso.
Dice que, con tranquilidad, se identificó con el oficial como familiar de la víctima, pero que en ese momento no contaba con documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como beneficiario de medidas cautelares.
“Me dijo: ‘Yo soy abogado de los soldados, a mí me valen madre esas cosas, yo me los puedo llevar a la hora que quiera porque ustedes están incumpliendo una orden’. Le pregunté que a qué orden se refería, y siguió insultándome.
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