La deuda pública española se encaramó el pasado junio al
90,3% del PIB, lo que significa que las Administraciones deben una cuantía casi
equivalente a la producción global de la economía en un año. Este
desbordamiento del 90% es especialmente significativo por dos motivos. Primero,
porque supone que España supera por vez primera la media de la deuda de los 28
Estados miembros de la Unión Europea (UE), cuando hace seis años, en 2007,
lucía uno de los mejores guarismos, al superar apenas el 36%. Y segundo, porque
el 90% se ha venido considerando por algunas escuelas de economistas y
políticos como una frontera peligrosa, a partir de la cual el crecimiento
económico tendería a caer en picado. Es cierto que el debate académico ha ido
matizando severamente la proposición inicial de quienes la formularon, pero el
90% no deja de constituir una cierta barrera psicológica, que nos recuerda que
el tamaño del endeudamiento ni puede (porque los mercados no lo permiten) ni
debe (porque su coste resulta exponencial) ser ilimitado: la factura de los
intereses de la deuda superará largamente este año el coste de la financiación
del desempleo.
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