Algunos
políticos y presuntos expertos se han opuesto a la fórmula de 'utilidad
compartida' propuesta en la reforma energética, señalando que implica
que las reservas pasarán a ser propiedad de las empresas que hagan este tipo de
contratos.
La realidad es
que no es así. Algunas empresas es lo que quisieran, sin embargo, las
implicaciones legales de la fórmula lo impiden.
¿Cuál será la
situación de las reservas que un contratista del gobierno
encuentre?
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