Veronica Malo Guzmán - Sonora Presente
Hay impuestos que pasan por el Congreso. Otros aparecen en la Ley de Ingresos. Y luego existe uno que nadie votó, nadie anunció como “nuevo impuesto” y, sin embargo, ahí está. Miles y miles de empresas mexicanas llevan meses pagando.
Se llama financiar al gobierno.
Sin consentimiento. Sin intereses. Y, sobre todo, sin fecha cierta de pago.
Cuando una empresa deja de cumplir con el SAT, la maquinaria del Estado actúa con precisión admirable. Llegan requerimientos, multas, actualizaciones, recargos. En casos extremos, incluso puede perder sus certificados de sello digital y quedar prácticamente imposibilitada para facturar. Y la autoridad los chantajea y extorsiona con eso.
Pero cuando el gobierno incumple sus obligaciones, el reloj deja de correr. Entonces aparecen las “validaciones administrativas”, las “revisiones presupuestales”, las “adecuaciones financieras” y las “gestiones internas”. Cambian las palabras, pero el resultado es el mismo: no hay pago.
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