- El gobernador de Nuevo León se defendió del juicio político impulsado por Morena alegando que los recursos que terminaron en despachos jurídicos de su padre y otros familiares dejaron de ser públicos al pasar por proveedores estatales. Penalistas señalan que ese argumento, lejos de exculparlo, confirma el desvío de fondos
MONTERREY, N.L. (Proceso).- En su defensa en el juicio político que le abrió el Congreso por presuntos delitos patrimoniales, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que los recursos del erario que fueron parar a despachos jurídicos y fiscales de su familia eran privados porque ya habían sido pagados a proveedores de su gobierno.
El argumento del mandatario emecista es que, al ser pagados por su gobierno a proveedores de servicios del gobierno, aunque éstos hayan contratado posteriormente a los despachos de abogados donde él, su padre Samuel García Mascorro, y otros parientes son socios o dueños, pasaron “de ser fondos públicos a fondos privados”, por lo que no se incurre en ningún delito.
Éste es el argumento de su defensa ante el juicio político que abrió el Congreso de Nuevo León, derivado de una denuncia formal de Morena ante la presunción de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, entre otros posibles delitos cometidos por el exprecandidato presidencial de MC.
Abogados penalistas y constitucionalistas consultados por Proceso señalaron que, al admitir los hechos, el gobernador emecista incurre en delitos del fuero penal, civil y federal, entre ellos el lavado de dinero, delincuencia organizada, y el daño al patrimonio público.
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