Jorge Zepeda Patterson - Milenio
El enorme paquete de reformas constitucionales enviadas a las cámaras por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido interpretado como una jugada esencialmente electoral. Más allá de los propósitos de cada una de las iniciativas, que merecerían un análisis por separado pues se trata de temas sumamente variados, en conjunto podrían ser percibidas como populares, sea porque buscarían un beneficio al poder adquisitivo de los sectores mayoritarios (jubilación, salario mínimo), o porque otorgan mayores atribuciones al voto universal (elección de ministros, mayor peso a las consultas populares). Justamente, porque son interpretadas como favorables para las mayorías, al margen de que sean factibles o convenientes, es que representan una ventaja electoral para el partido en el poder. Si no son aprobadas, como es probable porque requieren un voto superior al equivalente de dos tercios de los legisladores, cosa que el gobierno no tiene, supondrán una factura política en contra de los partidos de oposición. Oro molido para la recta final de la campaña electoral.
Más que apuntalar el triunfo de su candidata a la presidencia, algo que prácticamente tiene asegurado, lo que intenta el presidente es mejorar la cosecha de escaños y curules en los comicios de junio. Como sabemos, su plan B para completar los cambios legislativos que le han sido negados, consiste en obtener la mayoría constitucional en el próximo Congreso y eso requiere, como primer paso, ganar prácticamente todos los distritos y una votación nacional superior al 68%. Una proeza poco probable pero que el presidente no considera imposible. De allí la necesidad de recurrir a todas las estratagemas disponibles. De conseguirlo, el nuevo Congreso se instalaría el 1 de septiembre y coincidiría todavía con los últimos 30 días del sexenio de López Obrador, tiempo suficiente para que él obtuviese todos los cambios constitucionales que quiera.
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