Por periodistasdigitales - Plumas Libres
La discusión que ha contaminado el proceso de reforma electoral, propuesto por el gobierno federal ha distorcionado el objetivo central de la reforma: reducir el numero de legisladores en ambas cámaras, anular los diputados plurinominales, ubicar en la racionalidad los recursos económicos a los partidos políticos, centralizar las decisiones y ejecución de los procesos electorales en una institución nacional, no fragmentada en gubernaturas y alcaldías, racionalizar el gasto operativo de la alta burocracia del instituto con ingresos excesivamente altos que rebasan los trescientos mil pesos mensuales y prestaciones irracionales, y sobre todo la designación por ciudadanos, no partidos, de funcionarios, personal directivo, asesores y operadores de alto nivel.
MEDIAS VERDADES CON FAKE NEWS
Por un lado una oposición que defiende los privilegios a directivos y a partidos en el manejo de los procesos electorales ha insistido, mediaticamente, en la no desaparición.
Cosa que jamás se ha planteado. Se ha recurrido a difundir noticias falsas, manejo oscuro de la información, manipuleo de conciencias en una ciudadanía desinformada. Los fraudes electorales nacionales de 1988, 2006 y 2012, y estatales en Tabasco y Chiapas en tiempos de Zedillo, dejan asentada la intervención partidista de legisladores, altos funcionarios gubernamentales, medios de comunicación y hasta la alta jerarquia católica.
Los ingresos descomunales de directivos y funcionarios representan no más del cinco por ciento del total del personal adscrito. Ya que el 95% restante no percibe sueldos mayores a los cinco salarios mínimos, carecen de prestaciones en salud, vivienda y educación. Son los trabajadores que hacen la “talacha” operativa en todos los procesos electorales.
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