Juan Carlos Martínez Andrade - Nexos
El esquema de descentralización del gasto tuvo su momento fundacional con la promulgación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1978, cuando se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Toda vez que los gobiernos subnacionales (estados y el Distrito Federal) y locales (municipios) delegaron potestades tributarias (capacidades para recaudar impuestos) al gobierno federal, se estableció el concepto de recaudación federal participable como el principal elemento para realizar el cálculo que permitiera la transferencia de recursos desde la Federación hacia los estados y municipios. Este esquema de transferencias se construyó con una orientación hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México parte de un enfoque de federalismo fiscal que nos permite identificar el arreglo en el reparto de responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno: federal, estatales y municipales, incluyendo a la Ciudad de México y sus alcaldías.1 El enfoque de federalismo fiscal2 permitió que los tres órdenes de gobierno establecieran una serie de arreglos institucionales en torno a la distribución de competencias y de recursos, en el entendido de que esto favorece la atención de las necesidades de la población. Desde un punto de vista teórico, se argumenta que los gobiernos locales están más cerca de la población y, por lo tanto, conocen mejor sus necesidades y preferencias, por lo que podrían prestar bienes y servicios de manera más eficiente.3
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