Sandra Rodríguez Nieto - Sin Embargo
Para la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, la prolongada demora en la investigación del caso Narvarte, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de las líneas de investigación, constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia.
Para los abogados representantes de las familias, por su parte, representan un riesgo de impunidad debido a que, si bien el Poder Judicial de la Ciudad de México aceptó las acusaciones del ministerio público con tales deficiencias, a dos años del multihomicidio –donde asesinaron a cuatro mujeres y un hombre– un tribunal federal puede no considerarlas.
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