La falta de normatividad en materia de comunicación
gubernamental históricamente ha dado pie al “atropello oficial” de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diversos derechos
humanos vitales para un Estado democrático –como son la seguridad jurídica, la
libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y
rendición de cuentas–, al impune despilfarro de recursos públicos y la
construcción de imágenes políticas con cargo al erario, explican especialistas
Liga de Economistas en el Estado de Veracruz
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