Luis Miguel González - El Economista
Tenemos dos leyes para el sector eléctrico, pero ninguna se aplica a cabalidad. Una se aprobó en 2013 y estaba pensada para detonar millonarias inversiones privadas. La otra se aprobó en 2021 y es parte central del nacionalismo energético que impulsa el presidente López Obrador. Cada una representa una visión de lo que deben ser las actividades de generación, transmisión y distribución de la electricidad. ¿Qué papel deben desempeñar las empresas privadas y cuál es el rol que corresponde a la CFE? Ése es el dilema. Eso es lo que está resolviendo el Poder Judicial mexicano. Eso es una de las cosas que están impugnando nuestros socios comerciales en el T-MEC.
La Ley del 2013 buscaba otorgar protagonismo a la inversión privada en la generación de electricidad. Mantenía para la CFE el monopolio en transmisión y distribución, pero la ponía a competir en condiciones inéditas con empresas privadas en la generación. Cuando digo inéditas, quiero decir para México. En la inmensa mayoría de los países que tienen un nivel de desarrollo medio o alto, es normal que haya competencia. Las empresas dominantes no han desaparecido, pero han debido ponerse en forma para resistir el embate de los nuevos jugadores. La competencia no es un fin, sino un medio. El objetivo es lograr los máximos niveles de inversión e innovación en un sector que es fundamental para la competitividad de los países, además de un instrumento para cumplir objetivos sociales y garantizar la seguridad en el abasto.
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