- La iniciativa de López Obrador divide opiniones entre los juristas, aunque predomina el escepticismo y el rechazo a la reforma
Elías Camhaji - México - El País
La propuesta para que los jueces y los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular supone el último choque entre Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial. El presidente presentó esta semana una iniciativa altamente anticipada y también polémica, que busca destituir a todas los jueces del país y sustituir el método indirecto de selección por uno en que las personas que imparten justicia sean nombradas por la ciudadanía. Quienes apoyan la reforma hablan del fin de la corrupción y una democratización impostergable en el ramo judicial. Quienes la critican advierten de la llegada de perfiles poco capacitados, sometidos al poder político o, incluso, impulsados por poderes fácticos y organizaciones criminales. También acusan un retroceso autoritario para someter a la Corte y eliminar los contrapesos que necesita una democracia para funcionar. Otros lo ven como un simple distractor, a pocos meses de las elecciones y de que termine el sexenio. EL PAÍS consultó a cuatro juristas para entender los argumentos de ambas partes, así como las implicaciones políticas de uno de los cambios más controvertidos que impulsa el actual Gobierno en la Constitución.
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