John Saxe Fernández - Periódico La Jornada
Cinismo, ausencia de toda ética en defensa de los grandes intereses de la industria de la nucleoelectricidad es lo que representa la decisión unilateral del gobierno japonés al permitir a la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO), sin mayor respeto a los protocolos científicos y a la normativa que rige el manejo de los océanos, el lanzamiento de 1.3 millones de toneladas de aguas residuales radiactivas provenientes del desastre de Fukushima, equivalentes a 500 piscinas olímpicas durante al menos 30 años. La decisión es una violación de las obligaciones legales de Japón en virtud de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Greenpeace, 11/3/11).
Esa organización documentó, a 10 años del evento trágico, que 85 por ciento de la llamada Área Especial de Descontaminación sigue afectada por radiación en contraste con el gobierno japonés que no ha realizado análisis de laboratorio, y utiliza aproximaciones que fueron indicadas como imprecisas en 2015 (4/3/21).
Llama la atención que, a pesar de estas deficiencias, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) señale que las descargas de agua contaminada graduales y controladas tendrán un impacto radiológico insignificante (TeleSur, 5/7/23).
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