Nancy Flores - Contralínea
El Consejo Mexicano de Negocios –integrado por trasnacionales como Femsa, Alfa, Lala, Mabe, MVS, Grupo Pisa, Vitro, Televisa, Grupo Carso, Chedraui, Grupo México– es el principal financiador del grupo de presión IMCO. Ese aparato ideológico del sector empresarial también recibe dinero del gobierno estadunidense –USAID, NED– y del ultracapitalista Atlas Network. Desde el comienzo del gobierno de López Obrador, dicha asociación civil ha descalificado las principales políticas públicas y obras de la 4T, lo que responde claramente a los intereses de su órgano de gobierno, integrado por los empresarios Claudio Xavier González Laporte, Valentín Diez Morodo, Alejandro Ramírez Magaña, Tomás Roberto González Sada y Luis Manuel Murillo Peñaloza; así como el salinista Jaime José Serra Puche, y el director editorial del diario Reforma, Juan Ernesto Pardinas Carpizo. Además, entre sus filas están María Amparo Casar –de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad–, José Luis Barraza González y Daniel Javier Servitje Montull (de Bimbo). Sus archivos contables revelan que entre 2019 y 2022, el Instituto Mexicano para la Competitividad manejó 180 millones de pesos para sus “investigaciones” de las políticas públicas
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se presenta a sí mismo como un exitoso think tank –tanque de pensamiento– dedicado a analizar y realizar investigación en materia de políticas públicas, con incidencia en los principales medios de comunicación (tan sólo en 2022 reportó 19 mil 162 menciones en notas periodísticas). En realidad, es un grupo de presión creado por algunos de los empresarios más ricos del país, y financiado por grandes trasnacionales y por el gobierno de Estados Unidos para promover el modelo capitalista neoliberal. Es decir, se trata de uno de los aparatos ideológicos del sector empresarial, con incidencia en la agenda mediática nacional.

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