Pedro Miguel - Periódico La Jornada
La institucionalidad de Estados Unidos está por iniciar un juicio contra uno de los suyos. De acuerdo con la información disponible, desde que Genaro García Luna reorganizó al gusto de los gobernantes gringos la vieja Policía Judicial Federal (que hasta fue rebautizada AFI, en una mala traducción de FBI) y hasta su captura en Dallas, el sujeto del proceso actuó en función de los intereses de su propia mafia y los de las autoridades de Washington, pero nunca para servir a México, a su población y a sus instituciones.
Los vínculos de García Luna con la delincuencia organizada fueron denunciados desde los tiempos de la usurpación calderonista (https://is.gd/Qp2mLd). Sin embargo, los altos funcionarios de Estados Unidos jamás hicieron algo en torno a tales señalamientos, ni en público ni en privado: es significativo, al respecto, que en los cables del Departamento de Estado filtrados por WikiLeaks y por La Jornada en 2011 se expresan sospechas sobre la participación de algunos funcionarios del calderonato en el narcotráfico –es el caso, por ejemplo, de uno de los procuradores de Felipe Calderón, Arturo Chávez Chávez (https://is.gd/YrohQ0)–, pero el nombre de García Luna sólo está asociado a elogios y evaluaciones positivas. Sin embargo, Washington –al igual que Calderón, desde luego– sabía de los nexos del ex secretario de Seguridad con el cártel de Sinaloa, de acuerdo con la declaración de Roberta Jacobson, representante de Estados Unidos en nuestro país entre 2016 y 2018 (https://is.gd/WkWpvN).
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