José Blanco - Periódico La Jornada
Los juicios mediáticos políticos y jurídicos sobre la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel han dejado fuera el juicio académico, que es el fundamental. La debilidad del marco normativo frente al hecho está a la vista: tanto la UNAM como la SEP han declarado carecer de disposiciones legales específicas para cancelar una tesis. La asesora de la tesis, cesada, ha dicho que no fue Esquivel quien copió, sino otros alumnos a Esquivel. La ecuación puede o no cambiar respecto de la ministra, pero subsiste: si ella no es la culpable, lo son los otros alumnos: el problema permanece. Me refiero en adelante a las disciplinas profesionalizantes.
La tesis de licenciatura es el último trabajo escolar que realiza un alumno. El jurado confía en el asesor de tesis, quien la aprueba para ser discutida en el examen profesional; en su caso, emite un acta en la que hace constar la aprobación del examen; es el último que presenta un alumno. La institución universitaria (IU) hace una revisión para verificar que el alumno acreditó todas las asignaturas de su programa académico; en seguida expide la licencia (título) que hace al alumno licenciado. En México la ley dispone que los títulos sean registrados por la SEP, que expide una cédula; sólo a los practicantes de unas cuantas disciplinas se les exige para ejercer. Las cédulas son un mecanismo de control extraacadémico sobre saberes que deben poseer fe pública o proveer seguridad a las personas; también son medios para crear feudos profesionales con un propósito mercantil. Su control suele estar en manos de un gremio: ¿son necesarias? ¿Algo agregan al saber? ¿No es suficiente la licencia de la IU?
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