Protege a privados, no al país
Carlos Fernández-Vega - Periódico La Jornada
Es el cuento de nunca acabar: lo que una autoridad decide con la ley en la mano, el aparato judicial lo echa para atrás. Y es de todos los días, especialmente cuando están en riesgo los intereses de los consorcios trasnacionales o de los poderosos grupos empresariales autóctonos, por mucho que esos intereses sean producto de las concesiones –léase el descarado atraco a las arcas públicas con el aval de la supuesta autoridad– y la corrupción de administraciones anteriores.
El más reciente capítulo es electrizante y lo protagonizan instituciones del Estado mexicano, la cúpula empresarial y el aparato de supuesta procuración de justicia, este último par cabildero y representante de las trasnacionales y corporativos nacionales (cuyos dueños son los de siempre) que desde el gobierno salinista, y con su venia, anticonstitucionalmente clavaron sus colmillos en la industria eléctrica del país, y que a lo largo de los años expandieron sus tentáculos y obtuvieron beneficios de cuentos de hada en demérito de las finanzas y la productividad de la Comisión Federal de Electricidad.
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