- La ley de este Estado mexicano no especifica si las víctimas de agresión deben pagar los estudios físicos y psicológicos. La fiscalía defiende que son gratuitos
La noticia saltó el miércoles en Michoacán, en el centro de México. El Congreso local acababa de aprobar la ley de ingresos, que prevé el costo de los servicios que brindan los organismos públicos. En el apartado que corresponde a la fiscalía, el texto recogía el costo de los certificados médicos y de lesiones, de las valoraciones psicológicas y las visitas del trabajador social. Son los estudios que se practican cuando la fiscalía recibe una demanda de abuso sexual. Y según la nueva ley, cuestan unos 1.500 pesos, 75 dólares. O sea, que cualquier mujer que denuncie una agresión debería pagar esa cantidad para obtener los estudios que demuestren lo denunciado. O eso parecía decir el texto de la norma.
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